Panamá Papers: paraísos fiscales y lavado de dinero

Por Deicy Pareja, el 24 de abril, 2019

h_panama PapersEste abril se cumplieron tres años, desde que se reveló la investigación periodística que destapó los Panamá Papers, con 11 millones de documentos filtrados del bufete de abogados panameño Mossak Fonseca, que reveló cómo personas millonarias usan los paraísos fiscales para ocultar su riqueza y cómo esta firma ayudaba a  sus clientes a lavar dinero y evadir sanciones e impuestos.

La mayor filtración de la historia probó que 214.000 compañías opacas o de papel, que no tienen ningún tipo de negocio, solo una cuenta bancaria, operaron en 200 países, así como la participación de más de 500 bancos y 140 políticos, entre ellos, 12 jefes y exjefes de estado.

Esos masivos documentos revelan correos electrónicos, cuentas bancarias, bases de datos, pasaportes y registros de clientes del despacho de casi 40 años de trabajo interno de la firma de abogados (1977 -2015). Durante ese tiempo, Mossak Fonseca, con 40 oficinas en todo el mundo, no tuvo ninguna investigación criminal ni reportó ninguna actividad sospechosa de sus clientes a las autoridades, sólo lo hizo cuando se dio cuenta de la filtración. 

Sociedades 'offshore’

Esta firma, especialista en derecho comercial, servicios fiduciarios, asesoría de inversiones y estructuras internacionales, era referente de registradores mundiales de sociedades 'offshore’, que operan fuera del país donde está registrado el lugar de residencia de sus accionistas y beneficiarios. El 'offshore’ no es ilegal, siempre y cuando, el beneficiario declare la sociedad a las autoridades fiscales del país donde vive.

Normalmente esas sociedades operan en Panamá, las Islas Vírgenes británicas, las Islas Caimán en el Caribe u otros paraísos fiscales, que se caracterizan por sus regímenes tributarios favorables para los ciudadanos o empresas no residentes.  De hecho, las sociedades usaron países con secreto bancario como o Andorra o Mónaco, donde los titulares y beneficiarios finales pueden ocultar su identidad.

Paradójicamente, las entidades financieras de esos países están obligadas, por la normativa antilavado de dinero, a revelar las identidades de los titulares de cuentas, pero no si están a nombre de una sociedad, por ello, muchas de ellas fueron ficticias, para ocultar a las autoridades fiscales la identidad de los dueños de fortunas. 

En el caso de Panamá Papers se buscaron paraísos fiscales para evasión fiscal, camuflar la corrupción y  el lavado de dinero del narcotráfico. Por ello, los bancos deben revisar con quién hacen relaciones comerciales y no todos permiten el manejo de sociedades 'offshore'. Lee: Conoce a tu cliente para evitar lavado de activos 

Luego de Panamá Papers

El periodista  panameño e investigador de lavado de activos, Errol caballero, en su artículo Panamá tras los papers, explica que tras el escándalo del negocio de las empresas ‘offshore’, desde la firma de abogados, “el Gobierno inició el camino para cambiar la cara y alejarse de las juridiscciones oscuras: ordenó disolver sociedades anónimas con 10 años sin uso, sancionó una ley para que las entidades mantengan registros contables y, lo más notorio, aceptó la norma sobre intercambio de información fiscal creada por la OCDE”, que entró en vigencia en 2018.

Además precisa que mientras que países como Colombia y Costa Rica sancionaron leyes que regulan los conflictos de intereses para servidores públicos, en Panamá no existe norma. “Por ese vacío legal se han colado socios de las principales firmas de abogados del Istmo desde los inicios del Estado, en 1903, hasta hoy (..) La historia de las relaciones entre poderosos bufetes y los gobiernos ha creado un tándem irrompible que se evidenció el los Panamá Papers, pero antecede y excede la megafiltración”, concluye el periodista.

Para evitar la práctica de evasión de capitales y que las empresas trasladen sus beneficios a países dónde quedarían sin gravar o que escapen a los impuestos, la Unión Europea (UE) y la Comisión Europea (CE)  trazaron normas.

Igualmente, se trabaja en normas antilavado de dinero  que obligue al sector financiero de países con secreto bancario,  tener control de sus clientes y un registro disponible a las autoridades de los países que buscan  verificar datos.

Abreviaturas sobre lavado de activos

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