Nueva guía anticorrupción para el sistema financiero mexicano

Por Deicy Pareja, el 05 de abril, 2019

Guía anticorrupciónLa corrupción en los gobiernos representa un alto riesgo para los sistemas bancarios del mundo porque es un medio para lavar dinero, sobretodo en México, uno de los países de la región donde más se han destapado escándalos de políticos por enriquecimiento ilícito y desvío de dinero.

A lo que se suma, que en ese país, las autoridades fiscales han detectado unas 6.500 empresas fachada, que facturaron más de 700.000 millones de dólares, entre entre 2012 y 2017, lo que representa cerca del 5 por ciento del PIB.

Por esta razón, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó una guía anticorrupción, dirigida al sistema financiero, que explica los factores de riesgo específicos relacionados con corrupción en las relaciones que tengan con personas políticamente expuestas (PEP). Esto incluye a los funcionarios públicos: secretarios, alcaldes, gobernadores, organismos judiciales y de control, así como militares de alto rango.

De hecho, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que desde 1989 vela por el cumplimiento normativo de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, recomienda a los países exigirle a los bancos control sobre las personas políticamente expuestas. 

La recomendación dice que los países deben exigirles a las instituciones financieras, que cuenten con sistemas apropiados de gestión de riesgo para determinar si el cliente o el beneficiario final es una persona expuesta políticamente; obtener aprobación de la alta gerencia para establecer (o continuar, en el caso de los clientes existentes) dichas relaciones comerciales.

Además, que tomen medidas razonables para establecer la fuente de riqueza, así como de los fondos; lleven a cabo un monitoreo continuo y tomen medidas razonables para determinar si un cliente o beneficiario final es una persona políticamente expuesta en el ámbito local o internacional.

La nueva guía incluye a las instituciones de tecnología financiera (fintech) que tendrán una supervisión continua sobre sus buenas prácticas en la prevención de lavado de dinero, al igual que del sistema financiero tradicional. El sector tiene que presentar reportes de operaciones a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tener evaluación con enfoque en riesgos; hacer la Debida Diligencia del Cliente (DDC); verificar las operaciones, frecuencia, monto y área geográfica de la transacción, y monitorear a sus usuarios para identificar y reportar transacciones sospechosas. 

Conoce el caso Banamex: el alto precio de no reportar transacciones sospechosas

Precisamente, la guía establece que el sector financiero deberá tener una gestión de riesgos con enfoque PEP  y clasificar al cliente, según su riesgo (alto o bajo). En caso de que sea alto, la entidad bancaria deberá solicitar información adicional para integrar su expediente, como copia de su declaración patrimonial y la declaración anual de impuestos. 

La banca debe conservar todos los registros obtenidos a través de medidas de DDC: copias o registros de documentos oficiales de identificación como pasaportes, tarjetas de identidad, licencias de conducción o documentos similares. A lo que se suma, que deben guardar el histórico de expedientes de cuentas y correspondencia comercial por un período de cinco años, tras terminar la relación con el cliente. 

Si bien esta guía no es un documento normativo, traza buenas prácticas y será muy útil para que el sector bancario diseñe sus manuales de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. 

Evaluación para combatir lavado de activos

La evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI) del Sistema Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) de México, actualizada en 2018, reveló que el país debe intensificar sus esfuerzos para perseguir a los lavadores y confiscar sus activos a fin de mitigar los riesgos significativos.

El informe advierte que México se enfrenta a un riesgo significativo de blanqueo de capitales por parte de la delincuencia organizada por tráfico de drogas, extorsión, corrupción y evasión fiscal.

Igualmente, determina que México cuenta con un régimen maduro, con un marco jurídico e institucional bien desarrollado; que la mayoría de las autoridades clave tienen un buen conocimiento de los riesgos de lavado de activos  y de financiación del terrorismo, y en general, existe una buena cooperación y coordinación política, en comparación con el análisis de 2008.

A lo que se suma que los supervisores del sector financiero comprenden los riesgos que enfrentan frente al lavado de activos de los grupos organizados e implementaron enfoques razonables basados en el riesgo para la supervisión de estos delitos.

No obstante, el Gobierno mexicano reconoció que los políticos investigados y acusados por corrupción utilizan empresas fachadas y testaferros para blanquear el dinero. Según cifras oficiales, México es un país, donde 5.000 entidades componen el sistema financiero  y se calcula que el lavado podría alcanzar 50.000 millones de dólares al año.


Abreviaturas sobre lavado de activos

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